(CNN)– 59 asambleístas respaldaron este jueves con sus firmas el pedido de justicia política contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por una presunta participación en el delito de concusión dentro de una presunta “estructura de corrupción” en el gobierno, que la Auditoría General tiene estado investigando desde enero.
La solicitud de un juez político que promueva el movimiento Correísta União pela Esperança (UNES) recibió apoyo de representantes de otras agrupaciones políticas como el Partido Social Cristiano (PSC), la Iglesia Democrática (ID) y Pachacutik (PK), fue entregada a Secretaría de la Asamblea. Posteriormente, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) convocó a sesión para la próxima semana para revisar si la solicitud cumple con los requisitos y formalidades exigidos por la ley y determinar si el trámite puede continuar. Se necesitan al menos 46 firmas para presentar una solicitud formal e iniciar un proceso regular.
“El Presidente de la República tiene responsabilidad política por la comisión del delito de conmoción cerebral en los términos propios de un juez político”, especifica el documento firmado por los asambleístas.
Los legisladores piden censura y asignación de Lasso para presuntamente obtener beneficios propios y de terceros en el “Caso Encuentro” relacionado con una trama de corrupción que investiga la Fiscalía en al menos cuatro empresas estatales. La investigación incluye obligaciones entre empleados, ex empleados y particulares en la concesión de carga y contratos con empresas de manera irregular.
El presidente Guillermo Lasso ha negado las acusaciones en varias ocasiones, ha subrayado que no hay corrupción en su gobierno y ha insistido en que hay instituciones del Estado preocupadas por “caer en el gobierno”.
Luego de que los asambleistas oficializaran este jueves el pedido de justicia política, el Gobierno de Lasso reaccionó a través de un comunicado en el que rechaza “categóricamente” su pedido. Según el Poder Ejecutivo, la solicitud no es un acto de inspección, sino una intención de desestabilizar.
“Esta demanda carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso contra el primer representante, con el único objetivo de atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma”, señala la solicitud.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará esta tarde en horas de la noche si la solicitud cumple con los requisitos y de ser así, remitirá la solicitud a la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisibilidad y determine si procede o no. .
Si la Corte se pronuncia en su contra, se archivará la intención de los legisladores. Pero si sustenta la sentencia, el presidente de Asamblea deberá volver a ponerla en consideración para el CAL que a su vez enviará a la Comisión de Inspección de Asamblea para su trámite. La comisión tendrá 30 días para presentar su informe recomendando o en el juicio político.
Si la comisión sugiere el juicio político el informe pasa al pleno para el juicio político del presidente, quien tendrá su espacio para defenderse y ser cuestionado.
Si los legisladores deciden votar por su censura y juicio político, necesitarán una mayoría calificada de 92 votos, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.