Bosnia y Herzegovina: cómo reducir la fragmentación económica y aumentar la inversión
Bosnia y Herzegovina afronta un doble reto: por un lado, posee un diseño administrativo y político fragmentado que incrementa la burocracia y las regulaciones; por otro, registra cifras de empleo productivo y aportación de capital foráneo que no alcanzan su verdadero potencial. Para superar esta situación, resulta indispensable impulsar una estrategia integral que combine modificaciones normativas, estímulos económicos, simplificación administrativa y iniciativas tangibles capaces de despertar la confianza tanto de los inversores locales como de los internacionales.
Diagnóstico breve y datos relevantes
La división territorial del país en dos entidades (Federación de Bosnia y Herzegovina y República Srpska), sumada al Distrito de Brčko y al régimen de cantones en la Federación, genera una superposición de funciones en materia de tributos, licencias y corporaciones estatales. Los efectos detectados son los siguientes:
- Costes administrativos elevados: múltiples registros, licencias y controles aumentan tiempo y costos para emprender.
- Inseguridad jurídica: heterogeneidad normativa y judicatura débil reducen la protección de contratos y la ejecución de inversiones.
- Bajos flujos de inversión: la inversión extranjera directa y el crédito productivo son inferiores a la media de la región occidental de los Balcanes.
- Desempleo estructural: tasas de desempleo y desempleo juvenil por encima de la media europea, así como salida de talento al exterior.
Según estimaciones internacionales hasta 2023, el PIB nominal del país se situaba en el entorno de veinte mil millones de dólares y el desempleo rondaba cifras elevadas en comparación con vecinos; la recuperación económica después de la pandemia fue modesta y la atracción de capital todavía limitada. Estos valores exigen acciones precisas y medibles.
Metas estratégicas
- Construir un mercado interno eficiente capaz de disminuir los obstáculos entre regiones.
- Optimizar la gobernanza y el cumplimiento normativo con el propósito de elevar la seguridad jurídica.
- Impulsar la aportación de capital público y privado en materia de infraestructuras y transición energética.
- Robustecer el tejido empresarial interno y las ventas al exterior mediante el respaldo a pequeños negocios y agrupaciones industriales.
Reformas institucionales prioritarias
- Armonización fiscal y de comercio: pactar unas directrices compartidas respecto al impuesto al valor agregado, los aranceles y las exenciones, implementando instrumentos de compensación entre las regiones para prevenir mermas recaudatorias locales.
- Un espacio económico único: la consolidación de una normativa para la libre circulación de productos y servicios entre jurisdicciones, suprimiendo trabas burocráticas superfluas y estableciendo la aceptación recíproca de permisos y certificaciones.
- Ventanillas únicas digitales: desplegar una plataforma electrónica nacional destinada a la tramitación de licencias, inscripciones mercantiles, autorizaciones de construcción y permisos ambientales, sujeta a plazos límite estrictos.
- Entidad coordinadora para inversión: constituir un organismo estatal de atracción de capitales que articule su labor junto a las oficinas regionales, impulse iniciativas listas para ejecutar y administre estímulos claros.
- Reforma del sistema judicial y anticorrupción: potenciar la autonomía de los tribunales, dotar de órganos mercantiles especializados a la justicia y fortalecer los gabinetes anticorrupción dotándolos de facultades de investigación y nexos internacionales.
Medidas económicas y regulatorias concretas
- Incentivos temporales y condicionados: ofrecer incentivos fiscales y asistencia a la inversión para proyectos que generen empleo certificado, transferencia tecnológica o inversión regional, con cláusulas de cumplimiento verificables.
- Simplificación de permisos y regulaciones laborales: reducir plazos para contratación y salida, modernizar inspecciones laborales y establecer programas de empleo temporal para jóvenes y repatriados.
- Política industrial orientada a clústeres: identificar sectores con ventaja comparativa —metalurgia, maquinaria ligera, agroindustria, TIC y turismo— y apoyar parques industriales y centros de formación vinculados a empresas.
- Fomento de asociaciones público-privadas (APP): marcos claros para concesiones en transporte, energía y gestión de residuos, con separación de roles, transparencia y evaluación social.
- Acceso a financiamiento: crear instrumentos de crédito concesional para pymes, facilitar garantías parciales y promover fondos de capital riesgo locales que atraigan coinversiones extranjeras.
Iniciativas de infraestructura y apuestas estratégicas
- Modernización de redes energéticas: destinar recursos a interconexiones, eficiencia y fuentes renovables para disminuir la dependencia de combustibles fósiles y captar proyectos verdes.
- Corredores logísticos: acondicionar vías terrestres y ferroviarias que enlacen los enclaves industriales con los puertos de la región, abaratando los gastos de exportación.
- Parques industriales “llave en mano”: impulsar áreas dotadas de servicios esenciales, autorizaciones adelantadas y soporte logístico con el fin de agilizar el asentamiento de compañías manufactureras.
- Proyecto piloto de digitalización municipal: diversos ayuntamientos aliados para brindar trámites electrónicos, catastros al día y licitaciones transparentes, evidenciando resultados replicables.
Tácticas humanas y de capital relacional
- Formación técnica y reconversión: programas de formación profesional en alianza con empresas para cubrir necesidades concretas de mano de obra cualificada.
- Reconocimiento de títulos y movilidad laboral: acuerdos para el reconocimiento rápido de cualificaciones dentro del país y estímulos para retorno de profesionales expatriados.
- Participación ciudadana y transparencia: plataformas abiertas de datos sobre contratos públicos, inversión y resultados económicos para fortalecer confianza social.
Mecanismos de financiamiento y cooperación internacional
- Uso eficiente de fondos de preadhesión: canalizar recursos de la Unión Europea y bancos multilaterales hacia reformas institucionales y proyectos de infraestructura priorizados.
- Apoyo de organismos financieros: líneas de crédito y garantías del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Mundial y bancos regionales para mitigar riesgos iniciales.
- Movilización de la diáspora: vehículos financieros y bonos para inversión en vivienda, pymes y proyectos verdes, aprovechando remesas y capital humano.
Indicadores para medir progreso
- Incremento del ratio IED/PIB y número de proyectos greenfield aprobados.
- Reducción del tiempo y costo para registrar una empresa y obtener permisos de construcción.
- Mejora en indicadores de facilidad para hacer negocios y en percepciones de corrupción.
- Creación neta de empleo formal, especialmente juvenil, y aumento de las exportaciones por sector.
Riesgos y medidas de mitigación
- Resistencia política: negociar reformas por etapas, enfocadas en beneficios tangibles para entes subnacionales y con compensaciones fiscales temporales.
- Captura por intereses: reforzar transparencia, evaluación independiente de proyectos y participación de la sociedad civil.
- Choques externos: diversificar socios comerciales y promover cadenas de valor regionales para reducir vulnerabilidad.
Las respuestas integradas, que abarcan desde la convergencia reglamentaria y el establecimiento de un mercado unificado hasta iniciativas tangibles de infraestructura y capacitación, tienen el potencial de convertir la división institucional en una ocasión propicia para modelar un esquema de captación de capitales mucho más eficaz y equitativo. El avance demanda metas definidas, indicadores comprobables y una dirección política dotada de la capacidad para compaginar las demandas locales con el respaldo técnico y económico global; únicamente de esta manera el país logrará potenciar su competitividad en el ámbito continental y brindar horizontes estables a las futuras generaciones.
