(CNN Español) — La Fiscalía General de El Salvador ahora ha presentado cargos penales contra varias personas, incluido el expresidente Alfredo Félix Cristiani (1989-1994), por la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradores.
La Fiscalía dice tener varios testimonios que informan y ubican al exmandatario en la reunión en la que se tomó la decisión de asesinarlos. “Él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron esa muerte”, dice uno de los inspectores en un video publicado por la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Cristiani no ha emitido cargos penales y CNN se está comunicando con él para que haga comentarios, pero hasta ahora no he recibido una respuesta.
En marzo del año pasado, cuando se abrió un juzgado de paz orden de captura por el presunto delito de omisión durante su mandato, el despachador reclamó la acusación y en un comunicado señaló al general de Hacienda, Rodolfo Delgado, pasar de la difamación y exposición mediática a un proceso judicial viciado de irregularidades.
“La verdad es que nunca adiviné los planes que tenían para cometer estos crímenes. Nunca me informó ni me pidió autorización porque sabía que nunca hubiera autorizado que el padre Ellacuría o sus hermanos resultaran heridos”, se lee en el comunicado.
Sin embargo, la Fiscalía dice que la investigación determinó que el expresidente y el padre Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, sufrieron varios llamados previos a la masacre.
Según las autoridades, Cristiani le asegura, en las llamadas, que no debe preocuparse por el registro que se realizó en la universidad y le pide a Ellacuría que permanezca tranquila y en el lugar.
La Inspección dice que, además de los 20 testimonios, también basó su acusación en la condena imputada en septiembre de 2020 por un tribunal español contra el coronel retirado Inocente Orlando Montano. El militar salvadoreño fue condenado en España a 133 años y cuatro meses de prisión por el «asesinato terrorista» de cinco sacerdotes jesuitas de origen español.
El caso de la masacre de los jesuitas fue reabierto en enero de 2022 por orden de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), juramentados el 1 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa, de alcalde oficial.
Los magistrados invalidaron la decisión tomada por la Sala de lo Penal de la CSJ, que en septiembre de 2020 ordenó el archivo del proceso penal.
Además de Montano, está preso por este caso el coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado a 30 años de prisión en 1992, pero liberado tras la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993.
En febrero de 2016, a pedido del juez español Eloy Velasco fue detenido en El Salvador. Sus abogados aplaudieron que la extradición a España no se materializara cuando, en julio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.
Con esta decisión de los magistrados, un tribunal ratificó la sentencia condenatoria y pasó a prisión preventiva en El Salvador. Benavides no aceptó los cargos, incluso aunque sus abogados apelaron la sentencia, sin éxito.
El 17 de noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador negó la petición de indulto solicitada por los abogados de Benavides Moreno.
Otras investigaciones contra Cristiani
Cristiani, además de esta imputación penal, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito de jamón durante su mandato. La Inspección inició un proceso de extinción de dominio, a favor del Estado, de todos sus bienes en El Salvador. El agente, quien según la Fiscalía se encuentra fuera del país, no se pronunció sobre este proceso y CNN no pudo comunicarse con él por sus comentarios.
En junio de 2021 fue cuestionado por una comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar la entrega de recargos a exempleados con fondos de Casa Presidencial en gobiernos anteriores.
Cristiani explicó a los legisladores que los fondos no eran para uso personal, sino para el funcionamiento de la Agencia de Inteligencia del Estado (OIE), para la administración de Casa Presidencial y para financiar las gestiones que realiza la delegación de gobierno en el proceso de los Acuerdos de Paz, que en enero de 1992 duró 12 años de guerra civil.