(CNN Español) — Con 104 votos a favor y 18 en contra, el pleno de la Asamblea de Ecuador votó a favor del informe elaborado por una comisión legislativa ocasional que recomienda la política judicial contra el presidente Guillermo Lasso. El agente es responsable de actos de corrupción en empresas públicas que involucran a un círculo de empleados y ex empleados.
Estos hechos son investigados desde enero por la Delegación de Hacienda del Estado dentro del “Caso Encuentro”. Se trata de una presunción de una “estructura delictiva” donde empleados, ex empleados y particulares fueron operados en la concesión de carga y contratos con empresas de manera irregular.
La sesión plenaria comenzó este sábado por la mañana y durante más de setenta horas las reuniones de distintas bancadas debatieron el contenido del informe aprobado por el miércoles. Con la votación, la Asamblea apoyó que Lasso se está burlando de la “comisión por omisión” de los delitos de cohecho, concusión y peculado.
El presidente Lasso solicitó a la Auditoría de Cuentas, a través de un comunicador, realizar «las investigaciones pertinentes, con todo el rigor y profundidad que la gravedad de estas falsedades americanas».
El representante siempre ha negado la existencia de una estructura de corrupción en el Poder Ejecutivo e insistió en que hay instituciones del Estado “preocupadas por caer en el Gobierno”.
Durante el debate, el legislador del partido oficialista Creando Oportunidades (CREO), Juan Fernando Flores, rechazó el contenido del informe, al que consideró irresponsable y mentiroso.
“No hay pruebas de heno. No hay heno causal. Esto es parte de una fábula que se busca construir donde se rompa la moral de que no se puede volver a usar la Asamblea y se pretende engañar al pueblo ecuatoriano”, señaló Flores.
En tanto, la asambleísta del movimiento correísta Unión por Esperanza (UNES), Esther Cuesta, hostigó a Lasso.
“Lasso violó el principio de transparencia. No denunció a quienes causaron daño a la administración pública. No cumplió con su deber y sus funciones con lealtad institucional y buena fe”, puntualizó Cuesta.
En un mensaje al país a través de la votación, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, tildó de “bochornoso” el informe aprobado por el pleno y enfatizó que legalmente carece de validez y no es vinculante.
“Al fondo hay un alojamiento de tramos y rectificaciones donde además su antojo y conveniencia han dejado gente que debe ser investigada. Un verdadero ataque a la razón y al sentido común”, dijo Cucalón. Considero que la Constitución había sido “manipulada” para violar la democracia en un informe “dantesco en lo jurídico y aberrante en lo político”.
“Perversamente pretender fabricar una fábula, que así se ha dicho mil veces que no es cierta, para tratar de fabricar un juicio político contra el Presidente de la República. No es un acto de inspección, es un acto de evidente desestabilización”, señaló.
Tras la puesta a prueba del informe “no vinculante” que sugiere el prejuicio político de Lasso, tendrá que ser la Corte Constitucional la que revise la petición para determinar si procede o en el juicio político por las causas o motivos que argumentan los asambleístas. .
Independientemente de este pronunciamiento, la legisladora y presidenta de la comisión ocasional que elaboró el informe que recomienda al juez político, Viviana Veloz, anticipó que la próxima semana podrá solicitar al juez político ante el Consejo de Administración Legislativa (órgano administrativo de la Asamblea). ) con las firmas de los asambleistas que la apoyan.
Para la presentación de esta solicitud formal y el inicio de un proceso por la vía regular del prejuicio político, se necesitan al menos 46 firmas de apoyo de los asambleistas para iniciar su proceso.
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) analizará si la solicitud cumple con los requisitos y, de ser así, remitirá la solicitud a la Corte Constitucional para que emita su decreto de admisibilidad y determine si procede o no.
Si la Corte se pronuncia en su contra, se archivará la intención de los legisladores. Pero si avala la sentencia, el presidente de Asamblea deberá volver a ponerla en consideración para el CAL que, a su vez, enviará a la Comisión de Inspección de Asamblea para su trámite. La comisión tendrá 30 días para presentar su informe recomendando o en el juicio político.
Si la Comisión sugiere un juez político, el informe pasa al pleno para el juicio político del presidente, quien tendrá su espacio para defenderse y ser cuestionado.
Si los legisladores deciden votar por su censura y juicio político, necesitarán una alcaldía calificada de 92 votos, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.