Vie. Dic 2nd, 2022

    (CNN Español) — El Viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna, informó que este martes comenzará la destrucción de tumbas de supuestos pandilleros que tengan imágenes o símbolos relacionados con estas estructuras criminales.

    “Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos”, escribió Luna en su cuenta de Twitter.

    Según confirmó el Gobierno, fueron los responsables de la fase del proceso de fideicomiso, integrantes del programa penitenciario “Yo cambio”, quienes destruyeron varias fosas en el cementerio de Santa Tecla, a unos 10 kilómetros de San Salvador.

    Luna agregó en Twitter que “los terroristas ‘honraron’ las tumbas y colocaron flores a sus miembros”.

    “En este país no caben las pandillas”, concluye el funcionario en su tuit.

    En segundo lugar, los fallecidos los difuntos objetos de autoridad en el el el el el el . Sin embargo, los familiares no pueden publicar ningún mensaje o imagen relacionada con maras o pandillas.

    Es posible dejar constancia que el Gobierno del presidente Nayib Bukele también realizó jornadas de grafitis difuminados para evitar que las pandillas pinten mensajes que generen miedo entre la población.

    Las autoridades dicen que estas medidas forman parte de lo que se denomina la “guerra contra las pandillas”, una política implementada que, a fines de marzo pasado, un reporte de violencia dejó 62 muertos en un solo día. En ese momento, las autoridades culparon de estas muertes a las pandillas.

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    En respuesta a las medidas oficiales, a pedido del gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó la regla de excepción del 29 de marzo, la cual fue prorrogada en ocasiones por períodos de 30 días. El último fue aprobado por la Asamblea el 14 de octubre. Las autoridades dicen que, desde su inicio, más de 56.000 personas han sido detenidas.

    El régimen suspende garantías constitucionales, como la libertad de asociación y el derecho a la defensa, y amplía la prisión provisional de 72 horas a 15 días. Además, permite a las autoridades intervenir en telecomunicaciones sin necesidad de autorización previa de un juez.

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