(CNN Español) — Este mes, el Poder Judicial peruano ordenó la captura de Betssy Chávez, quien se desempeñaba como presidenta del Consejo de Ministros del expresidente Pedro Castillo cuando intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso, el 7 de diciembre de 2022.
Chávez investiga los presuntos delitos de rebelión y conspiración contra el Estado. El Poder Judicial dio a conocer su decisión a través de su cuenta de Twitter. Un grupo de policías se dirigió a la casa de Chávez en la ciudad de Tacna, en la frontera con Chile, donde cumplieron con éxito la orden de aprehensión.
El Ministerio Público investiga la probable responsabilidad de exfuncionarios del gobierno de Castillo en la intención del exmandato de disolver inconstitucionalmente el Congreso. Entre los investigados se encuentra Betssy Chávez, quien negó su participación en el intento de golpe de Estado promovido por Castillo.
Un video de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, difundido el 5 de marzo por el programa “Panorama” de Panamericana Televisión, muestra imágenes del expresidente del Consejo de Ministros acompañando a Pedro Castillo durante el discurso del mensaje a la nación donde anunció la disolución del parlamento peruano.
La decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia fue tomada como base para el recurso de apelación de la Inspección a una solicitud previa de prisión preventiva. Así, el juez César San Martín decretó 18 meses de prisión preventiva y desestimó la “captura inmediata” de Betssy Chávez. Ante esta decisión, el expresidente del Consejo de Ministros se quedó con la apariencia de restricciones en el marco de la investigación que se sigue en su contra.
Cabe recordar que Castillo se encuentra actualmente detenido, cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por orden judicial, en medio de la investigación que adelanta la Inspección por los hechos ocurridos en diciembre de 2022. La Inspección investiga al expresidente por presuntos delitos de rebelión y concierto para delinquir. Castillo cumple, al mismo tiempo, 36 meses de prisión preventiva por hechos de corrupción cometidos durante su gobierno.