Jue. Mar 28th, 2024

    (CNN Español) — El Gobierno de Gustavo Petro ofreció la ciudadanía colombiana a quienes “habían sido abusados ​​por el poder intolerante de Nicaragua”, en referencia a 222 opositores que fueron expulsados ​​el 9 de febrero del país por el régimen de Daniel Ortega y llegó a Estados Unidos, según un comunicador de la presidencia del país.

    En su escrito, el gobierno colombiano asegura haber registrado “con repulsión las medidas tomadas arbitrariamente por el jefe de gobierno de Nicaragua” y rechaza “los procedimientos dictatoriales de quienes quieren traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza. que el sandinismo logró vencer”.

    Este miércoles, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, había anunciado que ofrecía la nacionalidad colombiana al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, uno de los expulsados ​​de Nicaragua y despojado de su nacionalidad.

    Leyva se reunió con el novelista y periodista en España en un encuentro en el que también se reunió con el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y el expresidente del gobierno de España Felipe González.

    Juan Manuel Santos, Sergio Ramírez, Álvaro Leyva y Felipe Gonzáles (amabilidad Cancillería de Colombia)

    “Ayer, en Madrid, España, interpretando la solidaridad de todo el país y el sentimiento del presidente Gustavo Petro, ofreció la nacionalidad colombiana al político, intelectual y escritor nicaragüense Sergio Ramírez”, dice el canciller colombiano.

    Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 y recibió el premio Cervantes en 2017.

    Poco después del anuncio de Ortega, los gobiernos de Argentina, Chile, México y España también ofrecieron darle la ciudadanía al grupo de afectados por la medida.

    expulsión de Nicaragua

    Ramírez fue uno de los expulsados ​​por el régimen de Daniel Ortega. El pasado 10 de febrero 222 presos fueron liberados y trasladados de Nicaragua a los Estados Unidos.

    La decisión de la Justicia indicó que: “Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diversos delitos graves e inhabilitados perpetuamente para ejercer la función pública así como para ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos a perpetuidad sus derechos cívicos”.

    A pesar de la alegría de los familiares y lo alegado por la noticia, son pocos los organismos que han advertido que no se trataba de un descargo. La Secretaría General de la OEA Afirmó que lo sucedido no fue “una liberación. Estas personas fueron encarceladas injustamente —algunas por años— por pensar, expresar o escribir sus opiniones contrarias al régimen gobernante en Nicaragua. Muchos de ellos fueron torturados, aislados de todo contacto con el exterior. mundo».

    Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo por su parte que hay un desconocimiento de la ley porque lo que pasó fue un desplazamiento y no una “deportación”.

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