(CNN)– Por 6 votos a favor y 3 en contra, el pleno de la Corte Constitucional de Ecuador aprobó en la noche de este miércoles un decreto de admisibilidad parcial sobre la demanda político judicial contra el presidente Guillermo Lasso. El dictado estuvo a cargo de los jueces Alí Lozada y Richard Ortiz, elegidos como opositores en estas lunas.
Con este fallo, la Corte decidió que la Asamblea continuaría con el procedimiento de persecución política del Presidente Lasso.
El decreto de admisibilidad parcial significa que el prefecto de la Corte Constitucional decidió admitir el cargo de juez político relacionado con el agravio de malversación de fondos e inadmisir los dos cargos relacionados con el agravio de conmoción cerebral que mató al acusado que firmó la solicitud de juez político. . Según la Corte, los cargos por el delito de conmoción cerebral no se ajustan a la Constitución.
Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.
A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia reaccionó indicando que rechaza al juez político, aunque respeta la decisión de la Corte e insistió en la inocencia del representante.
El 16 de marzo, 59 legisladores, de los 137 que integran la Asamblea Nacional, apoyado con sus firmas la solicitud de un juez político contra el presidente Guillermo Lasso por su presunta participación en los delitos de concusión y peculado.
Según los legisladores, los delitos se cometieron en el funcionamiento de una supuesta “estructura de corrupción” en varias empresas públicas y que la Inspección General investiga desde enero.
El pedido de juicio político promovido por el movimiento correísta União pela Esperança (UNES) contó con el apoyo de representantes de otras agrupaciones políticas como el Partido Social Cristiano (PSC), la Iglesia Democrática (ID) y Pachacutik (PK).
El presidente Lasso ha negado las acusaciones en varias ocasiones, enfatizó que no hay corrupción en su gobierno e insiste en que hay instituciones del Estado preocupadas por “caer en el gobierno”.
El Gobierno rechazó hace unos días “categóricamente” la petición de justicia política. Según el Poder Ejecutivo, la solicitud no es un acto de inspección, sino una intención de desestabilizar.