(CNN Español) — El Gobierno de Perú pagará a los familiares de los fallecidos y víctimas graves durante las protestas ocurrido en el país entre el 8 de diciembre y el 10 de febrero, según un decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
El decreto ordena la entrega en efectivo local del equivalente a US$13.000 a quienes perdieron la vida y un pago único de US$6.500 a quienes sufran lesiones graves.
La Comisión Multisectorial, organismo integrado por representantes del gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos, será la encargada de identificar los criterios que califican para determinar que una persona fue heredera de una tumba.
En las consideraciones del decreto, el gobierno aclaró que el pago “no tiene carácter indemnizatorio ni reparatorio, ni implica la determinación de posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales”.
Como informó CNN por primera vez, las familias peruanas han exigido reparaciones por las muertes y lesiones de los manifestantes desde el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo. En los meses siguientes, las protestas se vieron alimentadas por un profundo descontento con las condiciones de vida y la desigualdad en el país.
Al menos 60 personas murieron, según la Defensoría del Pueblo de Perú, incluido un policía. La mayoría de esas muertes ocurrieron fuera de Lima. Hasta el 22 de febrero, siete personas murieron en Apurímac, murieron en Ayacucho y vendieron en Puno, por ejemplo, según la misma organización.
El anuncio del Gobierno se produce después de un informe preliminar publicado por Amnistía Internacional acusando a las autoridades peruanas de actuar con «un marcado sesgo racista» en su represión de las protestas de la semana pasada.
El grupo de derechos humanos también acusó a las fuerzas de seguridad peruanas de utilizar armas de fuego con munición letal «como uno de sus principales métodos para dispersar manifestaciones, incluso cuando no había riesgo aparente para la vida de otras personas», lo que constituye una violación de los derechos humanos internacionales. estándares
CNN se puso en contacto con el Ministerio de Defensa e Interior para obtener comentarios sobre el informe de Amnistía Internacional y las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. El Ministerio de Defensa negó un comentario y le dijo a CNN que hay una investigación en curso por parte de la Inspección peruana con la que está colaborando.
Un portavoz del Ministerio del Interior también se negó a comentar, destacando la investigación en curso por parte de la oficina del Fiscal.
Desde el 7 de diciembre de 2022, Perú se encuentra sumido en una crisis política e institucional por lo que el entonces presidente Castillo intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso.
Tara John de CNN contribuyó a este informe.