Dom. Feb 25th, 2024

    (CNN Español) –– El Salvador cumplió un año desde que implementó el régimen de excepción, una política lanzada por el gobierno del presidente Nayib Bukele con aprobación de la Asamblea Legislativa, luego de que un estallido de violencia dejara 62 homicidios durante un fin de semana de marzo de 2022, en medio de supuestas negociaciones, nunca oficializadas o admitido por los partidos, de una tregua entre el gobierno y las pandillas.

    La política severa, que suspende derechos y garantías contempladas en la Constitución, recibió el aplauso de algunos sectores de la población. Este año también fueron detenidas más de 65.000 personas, en medio de críticas de organismos de derechos humanos dentro y fuera del país, así como de familiares de detenidos, por detenciones injustas y presuntas violaciones a los derechos humanos.

    “Ayuda que uno pueda salir libremente con sus hijos, sin que nadie se preocupe”, dice Alicia Monroy, habitante del departamento de La Campanera, una colonia en el populoso municipio de Soyapango, a unos 12 kilómetros de San Salvador.

    La Campanera fue el lugar donde el fotoperiodista Christian Poveda grabó el documental “La vida loca”, que retrata cómo era la vida dentro de una pandilla. Poveda se creó en 2009 en este mismo sector, tras hacerse pública su producción. Al menos 11 personas fueron condenadas en 2011 por su participación en el asesinato con penas que oscilan entre los 4 y los 30 años de prisión. Otras tres personas fueron condenadas a 10 años en 2013 por este caso, según informes periodísticos.

    Esta colonia fue identificada por las autoridades como de alta concentración de pandilleros. Ahora está bajo control militar que mantiene un cerco que permite identificar quién entra y quién sale de la zona.

    “Sí, mucho más tranquila la colonia”, añade Monroy.

    A pesar del cambio, no todos se atreven a hablar por temor a represalias.

    “Uno no sabe qué pueda pasar mañana, las familias de pandilleros siguen aquí”, le dijo a CNN un hombre, luego de pedir no ser grabado ni fotografiado.

    Un recorrido de la CNN por la zona permitió constatar que la presencia de militares se evidencia en recorridos en los diferentes pasajes de la colonia. Se han desdibujado las pintadas alusivas a las pandillas.

    “Las pandillas en general han sido reducidas a una mínima expresión. Y, primero que nada, vamos a llegar al punto en que ya no existe en nuestro país”, dijo el presidente Nayib Bukele, durante un discurso en noviembre pasado.

    Permanece de forma excepcional

    La Asamblea Legislativa, con alcalde oficial, aprobó 12 prórrogas y su presidente, Ernesto Castro, adelantó que, considerando que tuvo buenos resultados, seguirá con las prórrogas tantas veces como lo solicite el Ejecutivo.

    La excepción suspende garantías constitucionales, incluida la libertad de asociación, el derecho a la defensa y amplía la prisión preventiva de 72 horas a 15 días. El régimen, además, permite a las autoridades intervenir en telecomunicaciones sin necesidad de autorización de un juez.

    Las autoridades dicen que la implementación del plan de seguridad, denominado “Control Territorial”, y el régimen de excepción permitieron reducir las cifras de homicidios.

    Según estadísticas oficiales, en 2018, el año anterior a la toma de posesión de Bukele, El Salvador registró una tasa de 50,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2022, esta tasa se redujo a 7,8. Para este año, las autoridades proyectan que el promedio se acerque a 2, dijo en entrevista televisada el ministro de Defensa, René Merino Monroy.

    “Se acumulan 327 días sin asesinatos desde que Nayib Bukele es presidente. Faltan solo 38 días para llegar a un año sin homicidios”, dijo el diplomático Christian Guevara, jefe de fracción del oficialista Nuevas Ideas, el partido que tiene la extensión de la alcaldía en la Asamblea Legislativa.

    Críticas por supuestas violaciones a los DD.HH.

    Un informe de Amnistía Internacional anunció en junio de 2022 que el régimen excepcional violaría los derechos humanos, por lo que pidió sin éxito al gobierno del presidente Bukele que pusiera fin a esta medida excepcional.

    Estas señales fueron resumidas por organizaciones locales de derechos humanos y otras internacionales, como Human Rights Watch, quienes consideran que el régimen llevó arbitrariamente a la detención de algunas personas sin vínculos con las pandillas.

    “Es una injusticia porque se están llevando a mucha gente trabajadora, sin una palabra, se la están llevando”, dijo a CNN Lilian Laínez, mientras sostenía un cartel frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para pedir la libertad. de su compañero de vida, detenido en el pasado.

    Al igual que Lainez, muchas familias anunciaron a organismos de derechos humanos que consideraban arbitrarias las detenciones.

    El gobierno dice que desde que entró en vigor el régimen de excepción, más de 3.000 personas han sido liberadas por los jueces, al no encontrar pruebas de que Hayan haya participado en algún delito o haya tenido algo que ver con las maras.

    “Todos los inocentes van a salir, pero los culpables irán a la cárcel y tendrán que pagar”, le dije a Bukele durante un discurso el 17 de enero.

    El gobierno ha señalado que el régimen de excepción se mantendrá vigente hasta que se detenga a todos los pandilleros, sin necesidad de incorporar el número de integrantes de esas estructuras que se necesitarían para detenerlos.

    Ante el aumento de detenidos, el gobierno de Bukele construyó una tarjeta con capacidad para 40.000 presos, la más grande de América Latina. A este megacárcel se trasladó la Dirección General de Centros Penales para unos 4.000 detenidos, quienes en su prefectura fueron condenados por la Justicia. Defensores de derechos humanos criticaron las condiciones en que fueron confinados, ya que las celdas tenían tres columnas de cabinas metálicas en las que debían dormir los reyes, sin posibilidad de tener colchones, según las autoridades.

    Bukele acusó a quien de criticar su estrategia de seguridad de defender los derechos de los delincuentes por el bien de la población.

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