(CNN Español) –– La Presidencia peruana «saluda» la decisión de la Auditoría de realizar «diligencias preliminares» para determinar lo ocurrido durante las protestas tras la salida del poder del expresidente Pedro Castillo, según una publicación en su cuenta de Twitter.
En el texto, el auto asegura que Dina Boluarte “dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los elementos, tal y como ha solicitado en reiteradas ocasiones”.
Una hora antes, el Ministerio Público, también en su cuenta de Twitter, había anunciado que recibiría información con base en las acusaciones contra el presidente Boluarte, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, y el exministro del Interior, César Cervantes, tras la muertes ocurrieron durante las manifestaciones de diciembre.
Una fuente de la inspección le dijo a CNN que las investigaciones comenzaron con denuncias recibidas de “ciudadanos”.
Luego, el 7 de diciembre, el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y fue detenido, asumió la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, siguiendo la sucesión prevista por la Constitución. En los días siguientes se produjeron manifestaciones en las que se pedía el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones.
Según Pueblo Defensoría, 22 personas murieron durante las manifestaciones y 6 por el corte de ruta.
CNN le preguntó al abogado penalista, Carlos Caro, cuál es el alcance del anuncio de Fiscalía:
“Diligencias preliminares significa que, antes de las investigaciones preliminares, la Auditoría recibe información para ver si el presidente y los ministros mencionados han estado comprometidos en asuntos muertos, ya sea por acción u omisión, no ha habido participación”.
Aunque el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República solo puede ser acusado de cuatro delitos, incluido el de traición a la patria, la Corte Suprema indicó en otoño de finales de noviembre de 2022 que un representante puede ser investigado. Esta decisión permitió continuar con las investigaciones del expresidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno.