(CNN Español) — El Gobierno de Honduras no pretende replicar las medidas carcelarias de países como El Salvador, sino “poner orden en los centros penales”, aseguró a CNN la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
Villanueva fue designado por el presidente xiomara castro para restaurar el orden en las prisiones detrás de ellos enfrentamientos entre reclusos de varios centros penitenciarios durante las últimas semanas que dejó un preso muerto y alrededor de 30 heridos. El 9 de abril, y ante constantes disturbios, Castro anunció la intervención y la “mano dura” para frenar la escalada de violencia entre los reo.
“Respetamos lo que hizo el presidente de El Salvador Nayib Bukele, pero el modelo que empezó a implementar en Honduras se basa en discursos positivos de cárceles de EE.UU., México y Centroamérica que manejan penitenciarías personales y no precisamente privadas de libertad”. , explicó el empleado.
Villanueva aseguró que con las diez medidas que se implementaron públicamente y otras que “no se anuncian para no alertar” a los internos, “se va a restablecer la calma y se va a tomar control” en los 26 penales que tiene Honduras.
Una de las medidas que, según Villanueva, se reactivó en prisión es el bloqueo de llamadas telefónicas que ya existían pero que no funcionaban.
Esta es la única medida que coincide entre Honduras y El Salvador, pues Bukele la aplica para tener a las personas privadas de libertad incomunicables con el mundo exterior de las cárceles.
El operativo explicaría que también instalará un sistema de vigilancia y monitoreo electrónico e implementará un desarme real en las tarjetas de forma manual y con equipos tecnológicos.
Julissa Villanueva, médica de profesión, dijo que las acciones no están dirigidas a los privados de libertad, sino “al personal que está a cargo de la vigilancia y custodia de los centros penales”.
La viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, durante una conferencia de prensa el 18 de abril de 2023. (Crédito: ORLANDO SIERRA/AFP vía Getty Images)
El viceministro explicó que realizará evaluaciones y pruebas de confianza con los agentes penitenciarios y policiales, así como la entrega de equipos y tecnología de comunicación para que puedan realizar su trabajo y evitar el ingreso de objetos no autorizados a los penales.
Villanueva acordó que se aumentaría el número de funcionarios penitenciarios y se ajustarían sus salarios para evitar que los sobornen los reo.
En cuanto a las personas detenidas, el funcionario dijo que “los privados de libertad van a ser reclasificados y aislados con vínculos con el crimen organizado, pandillas y pandillas, narcotráfico y tráfico de armas”.
El problema en el sistema penitenciario lo reveló Villanueva, quien logró manejarlo con el acompañamiento de especialistas internacionales y aplicar experiencias integradas con buenos resultados en otros países.
“Se emularán modelos y cosas que son buenas y las adaptaremos a nuestra realidad”, enfatizó la viceministra.
Villanueva comentó que se trabajará para poder brindar un verdadero programa de rehabilitación a los internos y “toda acción que se realice dentro de los centros penitenciarios estará enmarcada en el respeto a los derechos humanos”.
La Policía Nacional, en un comunicado emitido el 21 de abril, aseguró que los motines ocurridos en los penales son entre grupos de maras y pandillas que intentan salir de sus casas o hacer héroes para que sean trasladados a los hospitales más cercanos y de aquí intentan escapar.
Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, advirtió a CNN que si los presos no son rehabilitados, todas las medidas anunciadas por el gobierno castrista “no darán frutos”.
Maldonado señaló que, según lo anunciado por el gobierno, las medidas son muy diferentes a las aplicadas por el presidente Bukele en El Salvador, ya que “las autoridades hondureñas trabajan con respeto a los derechos humanos de los internos”, y en El Salvador, aseguró Maldonado, no priva al humanismo y “se cometen violaciones contra la integridad física de los niños”.
Cárcel de El Salvador inaugurada recientemente por Nayib Bukele en el marco de su lucha contra las pandillas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha manifestado en reiteradas ocasiones que las medidas implementadas por su gobierno en las cárceles de su país han reducido los homicidios y devuelto la tranquilidad a las comunidades. Agrega en sus redes sociales que las estafas con seguridad son inauditas y que quienes delinquen pagarán con tarjeta.
El asesor en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Ariel Díaz, dijo a CNN que le preocupa el proceso de reclasificación de los internos para cambiar su carnet y que, según él, los criterios que utilizará el instituto penitenciario para realizar esta labor y reasignación de recinto “podrían violar, los derechos” de algunos presos.
Agregué que le pedirán al gobierno información más detallada de las medidas para ser claros y evitar que Honduras sea como El Salvador, donde cuestionan la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad que forman parte de “grupos de maras y pandillas”.
En un comunicado del 11 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, cuestionó que de las 19.563 personas detenidas en Honduras, menos del 50% son procesadas porque considera que el país centroamericano “no cuenta con un sistema eficiente y eficaz”. sistema de justicia”.
Según el escrito, de 2003 a 2022, 987 personas perdieron la vida de forma violenta en prisión