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De los 14,100 millones de euros destinados a este plan, una parte significativa, unos 7,400 millones de euros, provendrá de nueva financiación, mientras que el resto se cubrirá con instrumentos financieros ya existentes, como los préstamos blandos. Este enfoque permitirá una distribución más ágil de los recursos, facilitando el acceso a los fondos de las empresas más vulnerables a los cambios en el comercio internacional. Entre las industrias más impactadas se encuentran la automotriz, la aeronáutica y la agroalimentaria, que dependen en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos.
El presidente del gobierno ha subrayado la importancia de esta medida para proteger a las empresas que enfrentan una caída en sus ventas debido a los nuevos aranceles, que incluyen impuestos adicionales a una amplia gama de productos, como vino, aceite de oliva y productos electrónicos. El sector agrícola, por ejemplo, está viendo un impacto directo en sus ventas de productos emblemáticos como el vino español, cuyas exportaciones podrían verse gravemente afectadas por las tarifas arancelarias, que se elevan hasta un 20% en algunos casos.
Además de los fondos directos para las empresas, el plan también incluye la solicitud a la Comisión Europea para que se establezca un fondo específico para la compensación de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Este fondo permitiría distribuir recursos de manera más equitativa entre los países miembros de la Unión Europea que enfrentan los efectos de las tarifas, lo que ayudaría a mitigar las disparidades en la respuesta a la crisis comercial. España también ha solicitado una mayor flexibilidad en la concesión de ayudas nacionales, particularmente para sectores clave como la industria automotriz, que es un pilar fundamental de su economía.
La iniciativa busca, en definitiva, proporcionar una “red de seguridad” para las empresas afectadas a corto plazo, permitiéndoles adaptarse a un entorno de comercio internacional más incierto. El gobierno español se ha comprometido a implementar estas medidas con rapidez, para evitar que las empresas enfrenten mayores dificultades a medida que las tarifas de importación de Estados Unidos continúan aumentando.
Por otro lado, España ha señalado que, si bien está dispuesta a negociar con Estados Unidos para evitar una escalada del conflicto comercial, está preparada para tomar medidas de represalia si la situación no mejora. Las autoridades españolas han destacado la necesidad de un diálogo constante con la administración estadounidense para encontrar soluciones que eviten una guerra comercial abierta, pero han dejado claro que también están dispuestas a actuar en defensa de sus intereses económicos.
Este conjunto de medidas es un reflejo de la resiliencia económica de España ante los desafíos del comercio global y su determinación de proteger a sus sectores productivos clave. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa, y tanto el gobierno español como las empresas deberán mantenerse alerta ante posibles cambios en las políticas comerciales internacionales.
