(CNN)– El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ayacucho confirmó la apertura de investigación preliminar por un plazo de 60 días al General Antero Mejía, Jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, y al General Jesús Amarildo Vera Ipenza, Comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho ya son responsables como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado como agravante de más de siete personas fallecidas durante las protestas que sacudieron al país entre la semana pasada y esta semana .
De acuerdo con el oficio emitido por la Segunda Inspección Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Ayacucho, esta averiguación previa tiene su origen en la denuncia presentada por tres abogados de esa localidad, por muertes ocurridas durante los disturbios.
La demanda recae contra la presidenta Dina Boluarte, contra el presidente del Consejo de Ministros de estas autoridades, Pedro Angulo, y contra los entonces ministros de Defensa e Interior, Alberto Otárola y César Cervantes, además de los mandos policiales y militares ya mencionado.
La Inspectoría de Ayacucho indicó por escrito que el caso de los ministros y presidente denunciados fue remitido a la Fiscalización de la Nación para que se ocupe de funcionarios con amparo constitucional, por lo que esta dependencia es la única con competencia para iniciar una investigación.
En el caso de los funcionarios antes mencionados, el Ministerio Público establece una serie de diligencias a seguir.
Al final de este informe, CNN pretende obtener comentarios de la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre esta investigación y por el momento todavía estamos esperando una respuesta.
Junto a estas acusaciones, el presidente Boluarte, en entrevista con Radio Programas del Perú, aseguró que sería difícil tomar la decisión de sacar a los militares a la calle, pero que en ningún momento salió la policía o el Ejército «a matar» la campana para proteger la vida de 33 millones de peruanos.
También les aseguramos que hay líderes políticos detrás de esta ola de violencia que ya ha dejado en la bancarrota a por lo menos 26 ciudadanos tras informes de la Defensoría del Pueblo de Perú. Boluarte pidió a la ciudad calmar a los líderes violentos, dejando de lado la venganza política.