(CNN Español) — Reforma Electoral de México propuesto en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca abaratar los costos del sistema político mexicano, pero la iniciativa tiene varios puntos polémicos que llevan a miles de personas marchando en Ciudad de México y en más de treinta ciudades en el país para oponerse a la propuesta que, tras la oposición, es una estrategia para eliminar el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo electoral autónomo del país.
Allí proponerque se espera sea votado en la Cámara de Diputados antes de fin de año, pretende ahorrar un estimado de US$ 1,200 millones (24,000 millones de pesos mexicanos) mediante la implementación de ajustes en la burocracia electoral y legislativa, así como una reducción en la presupuesto de los partidos políticos.
Luego de la manifestación nacional, convocada por unas 50 organizaciones civiles, partidos políticos y legisladores de oposición, los líderes de los partidos SARTÉN🇧🇷 PRD y PRI diga que votará en contra del proyecto de ley.
Por su parte, López Obrador dijo que la protesta fue «racista» y «clasista» y anunció que él y su partido Morena, que tiene alcalde en el Congreso, tiene «plan B» en caso de que su iniciativa de reforma constitucional electoral no pase en el Congreso.
Este plan, según el diputado, propone modificaciones a leyes secundarias y no a los 18 artículos de la Constitución como se planteó en un principio, que no requiere dos tercios de votos para ser aprobado (solo alcalde simple) y que supone negociar con todas las fuerzas políticas para conseguir los votos de los legisladores.
A menos de dos años de las elecciones presidenciales de 2024, López Obrador argumentó que esta iniciativa responde a la demanda ciudadana de una política de austeridad y de crear organismos electorales que garanticen derechos legítimos, sin posibilidad de fraude.
La propuesta de reforma electoral, enviada al Congreso por el presidente en abril, prevé cambios en 18 artículos constitucionales y siete artículos transitorios, entre los que destaca la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de las elecciones en México, y su reemplazo por el llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
El nuevo cuerpo electoral tiende a ser elegido en lugar de los 11 que tiene actualmente el INE. Además, propone que sean elegidos por voto popular, así como los jueces que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Con la creación del INEC también desaparecieron los institutos electorales estatales y el nuevo organismo estaría a cargo de organizar los cómics federales, estatales y municipales.
Los ajustes a los órganos electorales de los Órganos obedecieron, según la iniciativa, a que tanto el INE como el Tribunal Electoral “fueron integrados por cuotas partidarias y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad a favor de la democracia”.
Partidos de oposición discuten puntos controvertidos
La desaparición del INE y la reducción de la burocracia electoral que exige cambios constitucionales son algunos de los puntos que más polémica e incumplimiento causaron entre los partidos políticos y grupos opositores al presidente.
en octubre pasado si instalar un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los partidos políticos para analizar más de 100 iniciativas en materia de reforma electoral, incluido el presidente.
El bloque opositor Va por México —integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— acordó revisar las iniciativas, aunque no está de acuerdo con algunas de las propuestas.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Ángel Espinoza Cházaro, dijo que la institucionalidad de México es sólida.
“Requiere mejoras en las leyes secundarias, pero desde nuestro punto de vista no es necesario ahora, de cara a unas elecciones rumbo a la presidencia en 2024, modificar el marco constitucional”, dijo el activista.
Rubén Moreira, egresado del PRI, agregó que este partido no anticipó su voto a favor de ninguna reforma.
“No vamos a permitir daño al INE ni al Tribunal Federal Electoral, y eso se entiende en su autonomía, en su certeza, en su transparencia y en todas las condiciones que hacen posible su trabajo”, aseguró Moreira.
El partido Movimiento Ciudadano mostró entonces su total rechazo a esta iniciativa. Su representante en la mesa de trabajo, Salvador Caro, abandonó la reunión tras señalar que “ustedes lo que están haciendo es darle condiciones al presidente para que se ponga el traje. Movimiento Ciudadano desea informar a todos los usuarios y mexicanos que no participarán en esta farsa”.
La reducción de legisladores y la financiación de los partidos
El diputado mexicano también propone reducir el número de legisladores, en el caso del Senado la reducción sería de 128 senadores a 96, en el caso de la Cámara de Diputados el número aumentaría de 500 a 300.
Al mismo tiempo, desapareció la figura de los legisladores electos por representación proporcional o plurinominal, es decir, cargos que se distribuyen en función del porcentaje de votos obtenidos por cada partido político, quedando solo por debajo de quienes hicieron campaña y fueron electos por la ciudadanía. en las urnas
Para las sedes de congresos también se propone un ajuste. La iniciativa prevé que tenga un mínimo de 15 diputados y un máximo de 45.
En los ajuntamientos habría un límite de hasta nuevos regidores en proporción a la población de cada municipio.
Según López Obrador, la población exige elecciones austeras y partidos políticos, pues su iniciativa contempla limitar el financiamiento de los institutos políticos “solo para gastos de campaña electoral” y suprimir los más de US$ 550 millones (11.000 millones de pesos) de los llamados financiación ordinaria que se da cada año, según la iniciativa.
El documento agrega que eliminar el supuesto en años no electorales representaría un ahorro de más del 66% del gasto real.
El financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos alcanzó el año pasado más de US$ 277 millones (5.500 millones de pesos).
Morena, el partido que fundó el presidente, recibí más de US$85 millones (1.700 millones de pesos), mientras que el PAN y el PRI costaron más de US$50 millones (1.000 millones de pesos) cada uno.
El presidente también propuso aumentar el rango constitucional para garantizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para votar.