(CNN Español) — cuatro sesiones de una audiencia pública que inició el paso del 10 de mayo, Salvatore Mancuso, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), relacionado con magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y durante las presuntas víctimas del paramilitarismo relaciones entre este grupo de extrema derecha y miembros de la fuerza pública, militares, policías, políticos, civiles y empresarios durante varios años de violencia en Colombia.
Mancuso también entregó detalles sobre los asesinatos y masacres ordenados por él y otros comandantes contra personas en diferentes zonas del país.
El exjefe paramilitar ya ha tenido varias de estas declaraciones ante la justicia común y ante la llamada Jurisdicción de Justicia y Paz, creada durante la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. 13 de mayo de 2008, Mancuso Fue extraditado a estados unidos junto a otros 13 altos comandos de las autodefensas que fueron solicitados por el delito de narcotráfico en este país.
En su informe en la audiencia previa a la JEP, que se llevó a cabo en Montería, departamento de Córdoba, Mancuso ––declarando a distancia desde Estados Unidos––mencionó nombres de políticos que habían apoyado su causa, entre ellos el expresidente Francisco Santos. “Francisco Santos vino en representación de la oligarquía colombiana, porque en la capital estaban preocupados por la llegada de las FARC cerca de Bogotá, nos pidieron hacer un bloqueo, que acaba de sugerir el nombre de Bloco Capital”, aseveró Mancuso en el proceso judicial.
“Durante más de 18 años este infundio ha sido investigado una y otra vez por una infinidad de instancias judiciales sin que exista una sola prueba de su veracidad, y no se encuentra porque nunca prosperó”, dijo Santos en una declaración pública el 10 de mayo
Durante las audiencias, Mancuso también afirmó que la autodefensa se inició en varias campañas y elecciones presidenciales, entre ellas la del liberal Horacio Serpa, ahora quebrado; los conservadores Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, entonces en el partido Unidad Nacional.
“Exijo al cobarde asesino Mancuso que hoy siquiera muestre una prueba de apoyo o infiltración de dinero del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. El expresidente conservador Andrés Pastrana es el último en enterarse de las declaraciones de Mancuso.
La familia de Horacio Serpa dijo en un comunicado público este mes: «Creemos y apoyamos el ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como el esclarecimiento de la verdad. Se reclamará su nombre y su honor. El país conoce la verticalidad de Horacio Serpa en la lucha contra todas las formas de violencia y su compromiso con la democracia».
El exjefe de las AUC también hizo señas contra el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que en 2003 el expresidente le había retirado la protección a Eudaldo Díaz, quien se había criado en la localidad de El Roble en Sucre, y que había permitido que los paramilitares lo asesinaran. “En un consejo comunitario denunció, ante el presidente Uribe, que yo le prohibí matar y Uribe lo que hizo fue salirse del esquema de seguridad y lo matamos”, le dije a Mancuso ante los magistrados de la PEC.
“Como si pasara que el gobierno que lo presidía dejó el esquema de seguridad en la alcaldía de El Roble, lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar los esquemas de seguridad”, respondió Uribe inmediatamente este mes en su cuenta de Twitter.
Una revelación del exjefe paramilitar que motivó hoy la acción inmediata del gobierno tiene que ver con la presunta desaparición y asesinato de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela. El canciller Álvaro Leyva anunció en un comunicado que estuvo en contacto con su homólogo Yván Gil Pinto para activar la negociación que permitió “ubicar los datos de los restos mortales de colombianos desaparecidos en zonas fronterizas, enterrados en territorio venezolano según declaraciones del señor . Salvatore Mancuso».
Las declaraciones de Mancuso ante la PEC desataron una serie de polémicas políticas en Colombia.
“Criado en Justicia y en el tribunal especial para la paz. Las confesiones allí tienen un gran peso, dependen de los años de prisión de cualquier persona”. dijo el presidente Gustavo Petro el Domingo en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el expresidente Iván Duque afirmó esto último: «La llamada ‘verdad’ de Mancuso es una venganza contra el gobierno que lo sometió a la justicia y lo extraditó a Estados Unidos. Es evadir sus crímenes en Colombia ante la Justicia y Paz y que sea incluido en la JEP para no pagar cárcel».
Mancuso, quien compara virtualmente desde el Centro de Detención Stewart del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), busca con sus declaraciones acceder a los beneficios de la justicia transicional.
El exlíder paramilitar cumplió una condena por narcotráfico tras su extradición a ese país en 2008 y desde entonces está pendiente su situación legal. Sus abogados saben que está libre y que fue enviado a Italia, el país de su nacionalidad y familiares, pero Mancuso también tiene cuentas pendientes en Colombia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Tras la Audiencia Única de Aporte a la Verdad de la JEP, este tribunal decidirá si Mancuso es acogido o no por el fuero especial creado tras los acuerdos de paz con la guerrilla desmovilizada de las FARC para tener derecho a penas alternativas distintas a la reclusión en prisión. una tarjeta
En estas lunas, la JEP rechazó hace un tiempo a Rodrigo Tovar Pupo, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, mejor conocido como “Jorge 40”. Según los magistrados, no demostraron voluntariamente que portaban la verdad y no contribuyeron decisivamente al esclarecimiento de los delitos para las víctimas y para la sociedad.
Es un antecedente que podría pasar a cualquiera, incluido Mancuso, que quiera acceder a los beneficios de la justicia transicional, pero que no aporte información nueva, relevante y comprobada sobre sus acusaciones y alegatos.
Hasta el momento, 13.737 personas, entre exguerrilleros de las FARC, exmilitares, agentes del Estado distintos de la fuerza pública, civiles y empresarios que financian el conflicto armado, están de alguna manera en la JEP y están a la espera de que sus casos sean resueltos, según el tribunal. mismo. .