(CNN Español) — En 1992, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de US$ 2 millones por información que permitiera capturar a Pablo Escobar, los entonces líderes del Cartel de Medellín, uno de los más temidos y sanguinarios líderes del narcotráfico que en ese momento difundía terror en colombia… Esta sería la primera de varias designaciones terroristas de individuos y grupos criminales en este país por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.
En el caso de Pablo Escobar, sus acciones violentas contra el Estado y la población civil, en un intento por evitar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, motivaron esta decisión de Washington. El centenario de las víctimas de la guerra de Escobar, entre las que se encuentran jueces, periodistas, policías y ciudadanos indefensos, llevó a las autoridades a considerarlo como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.
Una imagen tomada el 6 de septiembre de 1989 por la televisión colombiana muestra un anuncio de búsqueda de los líderes del cartel de Medellín, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez. Crédito: CARLOS LEMA/AFP vía Getty Images
Con su inclusión en la lista de terroristas, Escobar comenzó a perder su poder económico, sus bienes fueron confiscados, a su familia si se les negó la visa para ingresar a los EE. UU., y finalmente la persecución del capo terminó con su muerte el 2 de diciembre. 1993. Con él culminó uno de los capítulos más violentos de la historia de Colombia.
En el año 2000, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, se instauró el llamado “Plan Colombia” de guerra contra las drogas. Escapar de una iniciativa de la administración Bill Clinton para incrementar la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados en el país y así reducir el envío de estupefacientes a Estados Unidos.
El presidente de EE.UU. Bill Clinton (derecha) y el presidente colombiano, Andrés Pastrana, darán una conferencia de prensa conjunta en el Rose Garden de la Casa Blanca en Washington el 1 de octubre. Los dos líderes prometidos redoblaron esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Crédito: STEPHEN JAFFE/AFP vía Getty Images
Un año después, en 2001, se amplió la lista de grupos considerados terroristas. Estados Unidos incluyó a las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) entre las organizaciones que sembraron el terror en Colombia. Luego de un proceso de paz, las AUC se desmovilizaron entre 2005 y 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe. En 2008, la prefectura de sus principales jefes, entre ellos Salvatore Mancuso, fue extraditada a Estados Unidos. Posteriormente, el Departamento de Estado también eliminó la lista.
Salvatore Mancuso, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habla con la prensa en el campamento Campo Dos en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, el 9 de diciembre de 2004. Crédito: LUIS ACOSTA/AFP vía imágenes falsas
En 1997, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue declarada terrorista por el Departamento de Estado. Según las autoridades estadounidenses, además de los secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques a la infraestructura, esta organización, que se declaró ilegal, estaba involucrada en el narcotráfico.
En 2021, y tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y esta guerrilla, firmado en 2016, Washington empezó a considerarlo terrorista. Las FARC se convirtieron en el partido político Comunes.
De momento, la inclusión de las FARC en esta lista también permitió el seguimiento y resguardo de muchos de sus bienes ilícitos y la señalización y persecución de testaferros y colaboradores de este grupo armado. Varios de sus líderes, como Simón Trinidad, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.
Soldados colombianos custodian a Ricardo Palmera, conocido con el seudónimo de Simón Trinidad, un alto líder rebelde y exnegociador de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 3 de enero de 2003, con destino a Bogotá. Trinidad fue sentenciada el 28 de enero de 2008 en los Estados Unidos a 60 años de prisión por su participación en el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Crédito: GERARDO GOMEZ/AFP vía Getty Images
Los llamados disidentes de las FARC continúan en la lista de terroristas; facciones de esa guerrilla que no firmaron el acuerdo y que no estaban de acuerdo con el pacto y siguieron delinquiendo.
La guerrilla del ELN, que actualmente pospone un proceso de paz con el gobierno colombiano, está incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde 2004.
En la mayoría de los casos, la inclusión de personas u organizaciones armadas colombianas en la lista de terroristas ha estado relacionada con sospechosos vinculados al narcotráfico y las actividades violentas generalizadas. Sí, se tradujo en apoyo técnico, militar, judicial y económico de Estados Unidos en la lucha contra estas estructuras criminales.
Un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico
El presidente Gustavo Petro sostuvo, sin embargo, que es hora de replantar la guerra contra las drogas que ha imperado en las últimas décadas en Colombia.
“La guerra contra las drogas ha fracasado. Ha fracasado la lucha contra la crisis climática. Ha aumentado el mortífero consumo de drogas blandas, ha llegado a las últimas etapas, ha habido un genocidio en mi continente y en mi país, millones de personas han han sido condenados a carcel.personas, por ocultar sus propias faltas sociales, han encontrado la culpa de la Selva y sus plantas.Unidos en Septiembre 2022.
Actualmente, el Congreso de la República se encuentra tramitando un ley de sumisión a la justicia para narcotraficantes y bandas criminales que permitiría un tratamiento penal más benigno, incluyendo condenas reducidas para aquellos entregados voluntariamente a las autoridades. De esta forma, tendrá la posibilidad de quedarse con un porcentaje de sus activos ilícitos para un efectivo intercambio colaborativo y reparación de las víctimas. El compromiso de no repetición y esclarecimiento de la veracidad de los delitos cometidos podría significar también la no extradición para quienes acudan a la justicia.
Todo esto, además de los diálogos de paz con el ELN y la disidencia de las FARC, y las declaraciones bilaterales de cese al fuego con los grupos armados ilegales, forman parte de la la llamada política de «paz total» del gobierno actual. Una polémica iniciativa que fue cuestionada por partidos políticos de oposición y sectores de opinión contrarios al Ejecutivo.
“La paz total no se puede convertir en impunidad total”, dijo el expresidente Iván Duque en diversos foros y declaraciones públicas, en referencia a la iniciativa gubernamental.