(CNN Español) –– Vidulfo Rosales, abogado de varios familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dijo a CNN que la Fiscalía General de la República Mexicana (FGR) logró reactivar 16 órdenes de aprehensión contra militares presuntamente involucrados en este caso.
“Tenemos conocimiento de las mismas, no tenemos los detalles de cómo se reactivaron estas órdenes de embargo, si se amplía el ejercicio de la acción penal o se aportan datos de pruebas adicionales, estos detalles no están disponibles para nosotros. Pero éramos conscientes de que estábamos trabajando en la reactivación de estas órdenes de embargo”, dijo en entrevista con Rosales.
Sin dar más detalles, Vidales dijo que la FGR notificó a la defensa, así como a los familiares de las víctimas, estas 16 órdenes de embargo.
De acuerdo con la defensa legal de los familiares de los jóvenes desaparecidos, hace unos años en Iguala, Guerrero, la FGR solicitó y obtuvo de los martillos de un juez del Estado de México la reactivación de 16 órdenes de embargo contra militares por delitos de desapariciones forzadas, torturas y delincuencia organizada, de las que habrian sido ejecutados ocho. Pero los nombres de los involucrados no fueron detallados.
“Eso es lo que tenemos conocimiento ahora, que lo que (órdenes) ya se ejecutó y lo demás no”, agregó Rosales.
CNN solicitó más información sobre esta solicitud a la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Consejo de la Judicatura Federal.
Según Rosales, los 16 militares obligatorios se suman a otros cuatro que están detenidos, todos mencionados en el caso Ayotzinapa.
En septiembre de 2022, el gobierno de México informó que había emitido órdenes de incautación contra cuatro miembros del Ejército.
Ven gobierno “rectificación”
La FGR solicitó la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad gubernamental que investiga el caso Ayotzinapa solicitó a mediados de agosto de 2022.
Rosales consideró que con la reactivación de estas 16 órdenes de embargo, el gobierno “pone a cero una nueva cuenta”, debido a la cancelación de las 21 órdenes de embargo antes mencionadas.
“Es un paso importante que está dando el gobierno federal. No tenemos nada en contra del Ejército Mexicano, no queremos debilitar a esta institución (…) Y cualquier institución que esté involucrada en la desaparición de los 43 jóvenes tenderá a acudir a los tribunales, si tenderá a judicializar y esclarecer responsabilidades”. , dijo.
El gobierno de México dijo que la desaparición de los jóvenes fue «un crimen de Estado», en la participación de integrantes del grupo delictivo Guerreiros Unidos «y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que autoridades municipales, estatales y federales “tenían conocimiento del movimiento de estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos de Iguala hasta su desaparición.
Según las autoridades, los estudiantes desaparecidos se preparaban para una manifestación entre la noche del 26 de septiembre y la mañana del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por delincuentes asociados al narcotráfico. Por este caso, que conmovió a México, están detenidas decenas de personas ―entre policías y otros funcionarios―.