(CNN Español) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido esta multa en la que determina que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos humanos en el caso de dos detenidos que estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa sin ser juzgados.
La sentencia anunciada en el caso “García Rodríguez y otro Vs. México”, señala que el Estado mexicano es “responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial”.
El gobierno de México, en un comunicado, informó que “analizará la resolución de la Corte para dar cumplimiento a sus disposiciones y asegurará al alcalde el respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Agrega que la presente Sentencia servirá para orientar las acciones del Estado en relación con la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y que han enfrentado el poder judicial ante sus autoridades.
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, querellantes, fueron detenidos en 2002 y permanecieron en prisión preventiva durante 17 años cuando finalmente fueron condenados por el delito de homicidio con una pena de 35 años de prisión, acusados de atentar contra un concejo municipal en 2001. La apelación de esta sentencia, el 19 de marzo, el Juzgado Segundo en lo Penal de Alzada de Tlalnepantla, en el Estado de México, notificó a García que se ratificaba su sentencia a 35 años de prisión -la cual se considera «injusta y sin pruebas». , según informa El Universal—, mientras que absolvió a Alpízar.
La Corte Interamericana analizó en este caso “las figuras que se establecen en la norma mexicana: el arraigo y la prisión preventiva extraoficial”. Asimismo, se indicó que García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron sometidos a tortura durante el tiempo que estuvieron privados de libertad.
En la sentencia leída por videoconferencia desde Cosa Rica por el presidente de la CIDH, Ricardo Pérez, ante representantes del gobierno de México y los querellantes, la corte ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas que el Estado mexicano pague por daños intangibles. También se solicitó al gobierno que adaptara los procedimientos judiciales, específicamente el arresto y la prisión preventiva, de acuerdo con los estándares internacionales.
La Corte IDH estableció un plazo de un año para que el Estado mexicano informe sobre el cumplimiento de la sentencia.