En un contexto de creciente debate sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos, la accesibilidad emerge como una deuda histórica pendiente en España. A pesar de los avances en otras áreas del urbanismo y la edificación, la realidad es que una parte considerable del parque inmobiliario español sigue siendo inaccesible para muchas personas, especialmente aquellas con movilidad reducida o con diversidad funcional. Este desafío no solo es técnico o arquitectónico, sino que está estrechamente ligado a la justicia social, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Con el objetivo de destacar la urgencia de contar con viviendas asequibles para todos, se llevó a cabo un evento en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Con el lema “Accesibilidad y vivienda: ¿Se consideran las necesidades de todos?”, la reunión congregó a expertos, funcionarios y figuras del urbanismo y la arquitectura para discutir las acciones necesarias para lograr un modelo habitacional inclusivo.
Uno de los mensajes centrales del encuentro fue que la accesibilidad no debe considerarse un lujo ni una adaptación opcional, sino un criterio estructural en la planificación, diseño, construcción y rehabilitación de viviendas. Esta visión parte de entender que todas las personas, a lo largo de su vida, pueden experimentar situaciones de dependencia o limitación funcional, ya sea por edad, enfermedad, accidente o circunstancias temporales. Por ello, pensar en entornos accesibles no es una cuestión de nicho, sino una medida de prevención y equidad que beneficia al conjunto de la sociedad.
A lo largo del día se discutieron varios desafíos regulatorios y técnicos que impiden una verdadera integración de la accesibilidad en las políticas habitacionales. Un obstáculo clave identificado es la vigente Ley de Propiedad Horizontal, que complica las modificaciones necesarias en las comunidades de residentes para suprimir barreras arquitectónicas. Además, la débil inclusión de principios de accesibilidad universal en los planes de rehabilitación perpetúa las desigualdades actuales.
También se expusieron modelos inspiradores procedentes de otras iniciativas europeas, como EUROPAN, la Nueva Bauhaus Europea y estrategias nacionales como Madrid 2050. Estas propuestas, más allá de su enfoque técnico, insisten en la necesidad de aplicar un diseño universal desde la concepción misma de los proyectos. Este enfoque promueve viviendas que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones posteriores, y que contemplen la diversidad de cuerpos, capacidades y modos de vida.
El acontecimiento también fue el marco para el inicio de la exposición “Premios a Espacios Amigables e Inclusivos”, una exhibición de proyectos globales que fusionan innovación en arquitectura con conciencia social y ambiental. Estas iniciativas evidencian que crear espacios accesibles no solo es factible, sino que también enriquece la calidad de vida grupal y fortalece los vínculos comunitarios.
Uno de los aspectos más mencionados por los asistentes fue que la accesibilidad no debe considerarse como una adición al final del desarrollo urbano, sino como una guía esencial desde el comienzo. Es necesario, por lo tanto, un cambio radical en la perspectiva urbanística, priorizando las verdaderas necesidades de las personas, fomentando espacios que impulsen la independencia personal y eliminando las barreras –tanto visibles como invisibles– que aún existen en nuestros entornos urbanos y residenciales.
El desafío de garantizar viviendas accesibles, habitables y dignas no puede afrontarse de manera aislada. Implica la coordinación de administraciones públicas, sectores profesionales, sociedad civil y ciudadanía en general. También exige voluntad política, marcos legislativos claros y ambiciosos, y una inversión decidida en la rehabilitación del parque existente y en la construcción de nuevas viviendas bajo criterios de inclusión.
En definitiva, avanzar hacia un modelo residencial accesible es avanzar hacia una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan vivir con autonomía, seguridad y dignidad. Convertir este principio en una realidad tangible requiere algo más que buenas intenciones: requiere acción, compromiso y una visión de futuro que ponga en el centro a las personas.
