(CNN Español) –– Una fuente cercana al sistema judicial venezolano confirmó este domingo a CNN que la Policía Nacional Anticorrupción detuvo en las últimas horas al candidato Hugbel Roa, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Roa había ocupado el cargo de ministra de Educación Superior y ya había sido diputada en el período 2016-2021. No se conocen detalles sobre las posiciones en su contra. Como es legislador, corresponde a la Asamblea Nacional levantar la inmunidad parlamentaria de Roa. Actualmente no hay ningún llamado para tal acción.
CNN ha tratado de obtener la reacción tanto de Roa como de su defensa, hasta ahora ha obtenido una respuesta.
En un comunicado, el Ministerio Público informó que previo a las detenciones por parte de la Policía Nacional Anticorrupción de un grupo de servidores públicos, “se realizaron las diligencias pertinentes para demandar la judicialización”, incluida la designación de inspectores con competencia en materia de corrupción, organizados delincuencia, derechos humanos y competencia plena.
En el escrito, las autoridades no especificaron los nombres ni el número de personas detenidas. Sin embargo, señalan que “corresponden a distintas ramas y niveles del poder público”.
La Policía Nacional Bolivariana confirmó, a través de un comunicado difundido por el canal Estatal, la detención del juez encargado del cuarto juzgado de primera instancia con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Mascimino Márquez García.
El juez tenía en su poder los casos del exdiputado Freddy Guevara y del periodista Roland Carreño, ambos pertenecientes al partido opositor Voluntad Popular.
El mismo comunicado confirmó la detención de los funcionarios Joselit Ramírez Camacho, titular de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip); el Presidente del Circuito Judicial de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret; y el alcalde del municipio Las Tejerías, en el estado Aragua, Pedro Hernández.
CNN pretendía contactar a Márquez, Ramírez, Cornieles y Hernández, así como a su defensa, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Esto ocurre horas después de que la Policía Nacional Anticorrupción informara en un primer comunicado que había solicitado al Ministerio Público que procesara a personas vinculadas al poder judicial, la industria petrolera y los alcaldes mencionados en la carta “podrían estar involucrados en viejas fosas de corrupción administrativa”. y malversación de fondos”.
También destaca que lleva meses realizando una profunda investigación que, según se describe en el texto, “apunta a ciudadanos que ejercen funciones en el poder judicial, en la industria petrolera y en algunos municipios del país”.
Recordamos que, en junio de 2020, Estados Unidos ofreció públicamente una recompensa de US$ 5 millones para facilitar la captura de Ramírez Camacho. Tras la solicitud del Departamento de Justicia, Ramírez respondió a las solicitudes de presuntos capos de la droga, incluido el actual vicepresidente del Área Económica y ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. El Distrito de Estados Unidos acusa a Ramírez de evadir sanciones relacionadas con estupefacientes y presunto lavado de dinero en el ejercicio de cargos públicos en Venezuela.
El Aissami respondió en febrero de 2017 a través de una carta publicada en el diario estadounidense El periódico New York Times asegurando que se trata de una acusación falsa y pidió corrección a las autoridades estadounidenses.
El Gobierno de Venezuela reaccionó en junio de 2020 a través de un comunicado a las sanciones privadas contra Ramírez Camacho rechazando lo que consideró una agresión y un acto de persecución contra el funcionario y cuestionando al entonces presidente, Donald Trump.