(CNN Español) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles un informe, luego de su visita de trabajo a Perú para investigar la situación de los derechos humanos en el marco de las últimas protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La organización de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala en su informe que durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del expresidente pedro castillola respuesta estatal en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Cusco se caracterizó por el “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.
En el caso de Ayacucho, el informe advierte que se han registrado “graves violaciones” a los derechos humanos, y las muertes perpetradas por agentes del Estado “podrían desencadenar ejecuciones extrajudiciales”.
La visita de trabajo de la comisión se llevó a cabo del 11 al 13 de enero de 2023. Para la elaboración del informe, que abarca los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, se repartió por las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco.
Allí sostuvo más de 60 encuentros con víctimas y sus familias, autoridades e instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicales y empresariales. La comisión recibió 55 testimonios individuales de personas que afirmaron ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluidos 21 niños de Ayacucho.
Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH y relator por Perú, expresó la importancia de que el Estado tome en serio las recomendaciones del informe y tome medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.
“En este momento lo que tiende a dar el Estado es, digamos, un seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones que va estableciendo el informe, y ahí es donde la comisión está poniendo a disposición cualquier asistencia técnica que nos requiera el Estado. El informe, digamos, no endilga una responsabilidad personal o individual a alguna persona específica del funcionario del Estado”, dijo Ralón.
La CIDH recomienda que para superar la crisis en el Perú es necesario un “diálogo amplio, genuino e incluyente”, en el que estén representados todos los sectores de la sociedad. Por ello, considera que las violaciones a los derechos humanos denunciadas en su informe deben ser investigadas y juzgadas.
CNN se acercó al Palacio de Gobierno para comentar sobre este nuevo informe.
Horas después de conocer el informe, la presidenta Dina Boluarte dijo que su gobierno lo respeta, pero no comparó los resultados de la CIDH. En particular, el representante rechazó las observaciones sobre supuestas “ejecuciones extrajudiciales” y dijo que su gobierno evaluará las recomendaciones y tratará de implementarlas de conformidad con el marco constitucional peruano.
“Como todo informe, hay preguntas que no compartimos, pero que respetamos más aún viniendo de un órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como es la comisión. En efecto, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona condicionalmente en los hechos ocurridos durante las protestas”, dijo.
Enero, Boluarte se comprometió a investigar los abusos de radioaficionados de las autoridades contra los manifestantes en las protestas.
«Si ha cometido excesos en el uso de la fuerza para restablecer el orden interno, será investigado y juzgado por los responsables», prometió Boluarte en un discurso pronunciado en una reunión de la OEA celebrada en enero.
En las protestas, los manifestantes exigían la dimisión de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales cuanto antes y una nueva Constitución.
Según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, las manifestaciones dejaron 66 muertos y kilómetros de héroes en diferentes zonas del país.
Jimena de la Quintana contribuyó a este despacho.