(CNN Español) — La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió a este niño por 13 votos a favor y uno en contra del recurso de inconstitucionalidad que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, interpuso el pasado 11 de octubre para suspender de sus funciones a la mandataria, pedro castilloa través del precedente político.
La denuncia constitucional de inicio de acusación, mecanismo a través del cual se lleva a cabo el juicio político o prejudicial. Este proceso permitiría levantar el mandato de la comunidad que lo protege, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución.
Benavides es el primer fiscal de la Nación del Perú en interponer una demanda constitucional contra un presidente en funciones. En este caso, se le imputan los delitos de organización delictiva agravada, tráfico de influencias agravado y colusión, que presuntamente habría cometido el agente en las causas conocidas como Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. . Estos son tres de los seis casos por los que Castillo ha sido investigado por la Fiscalía desde principios de año, y que lo convirtieron en el primer presidente en negocios investigados en la historia del país.
La denuncia admitida a trámite también incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes, según la hipótesis de la Fiscalía, formarían parte de una presunta organización criminal encabezada por el mandatario. Silva, quien está siendo investigado y tiene orden de aprehensión en su contra, se encuentra prófugo. Si bien Alvarado también investigó, atendió las citaciones fiscales y negó las alegaciones en contrario.
La subcomisión realizará las investigaciones que correspondan para emitir un informe final que, de ser aprobado, será elevado a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno del Congreso.
El fiscal de la Nación dijo en un mensaje tras presentar la denuncia ante el parlamento que es «responsabilidad exclusiva y exclusiva» del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El 11 de octubre, cuando se presentó la denuncia ante el Congreso, Castillo dijo en una conferencia con la prensa extranjera en Palacio de Gobierno que había iniciado un “nuevo tipo de golpe de Estado en el Perú”, utilizando políticamente al “Ministério Público y hacer creer el país desde el cual mi persona conduce una red criminal, la cual rechazo enérgicamente”.
La defensa del presidente Castillo solicitó la nulidad de la investigación de la Fiscalía, y que argumente la violación del artículo 117 de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia del Perú aún no se ha pronunciado al respecto.
Varios abogados constitucionalistas, como Aníbal Quiroga, sostienen que el presidente sí está amparado por el artículo 117 de la Constitución, que le impide ser imputado con excepción de cuatro delitos, entre los que no está el de corrupción, y que a Castillo no se le debe permitir a “escudarse” detrás de él”, porque es “una protección a la investidura presidencial, pero no un parapeto para evitar acusaciones graves sobre delitos probados”.
Otro mecanismo constitucional para apartar al presidente del poder es la vacancia, aunque el pleno del Congreso ha rechazado en dos ocasiones estas propuestas por no alcanzar el mínimo de votos necesarios.