(CNN Español) — Un juez decretó prisión preventiva por seis meses y vinculó a juicio por segunda vez al fiscal general de México Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada y tortura, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes normales de Ayotzinapa, según un comunicado de este sábado. del Consejo de la Judicatura Federal.
El informe describe a la persona imputada a la audiencia como Jesús «N». El Consejo confirmó a CNN que se trata del exempleado.
La audiencia tuvo lugar esta semana en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
El vínculo a proceso de las autoridades mexicanas seis meses más para investigar y poder sustanciar el caso.
La resolución dada a conocer vincula a Murillo Karam por el delito de coalición de funcionarios, luego de que la Inspección General de la República lo imputara esta semana.
CNN pretende obtener una reacción de la defensa de Murillo Karam, quien en el pasado había dicho que no reconocía la existencia de delitos penales y que las acusaciones contra su cliente se basaban en declaraciones que en su momento hicieron las denuncias buscadas sobre el caso y han estado «fuera de contexto».
esto esta ahi enlace por segunda vez demandando a Murillo Karam por el caso Ayotzinapa. En agosto de 2022 fue detenido por la Fiscalía acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. En septiembre, un juez de distrito concedió al fiscal un sobreseimiento definitivo para que no se le vinculara a proceso por estos delitos.
Murillo Karam fue Fiscal General de la República durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando lideró las investigaciones iniciales sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero —sur del País—, ocurrida en septiembre de 2014.
También presentó y defendió la “verdad histórica”, como es conocida la explicación que las entonces autoridades dan sobre los hechos y que ahora la Fiscalía General de la República considera un invento. Esta primera versión sostiene que los estudiantes fueron secuestrados por integrantes del grupo delictivo Guerrero Unidos, quienes luego de asesinarlos e incinerarlos en una base del municipio de Cocula, Guerrero. Las autoridades actuales consideran la desaparición de los 43 estudiantes como un “crimen de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreiros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado”.