(CNN Español) — el parlamento de Perú Aprobé este miércoles acusar constitucionalmente al expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno de pedro castillo, Betssy Chávez, así como a los exministros del Interior y de Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente, por los delitos de rebelión y concierto para delinquir, como consecuencia de la intención del expresidente Pedro Castillo de disolver inconstitucionalmente el Parlamento el 7 de diciembre. El informe final aprobado será enviado a la interventora de la Nación, Patrícia Benavides.
Chávez, Sánchez y Huerta negaron ante el Congreso su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
Sin embargo, un video de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, difundido el 5 de marzo por el programa “Panorama” de Panamericana Televisión, muestra imágenes de Betssy Chávez acompañando a Pedro Castillo durante el discurso del mensaje a la Nación donde anuncia la disolución de congreso
¿Qué es un cargo constitucional?
El cargo constitucional permite llevar a cabo los procesos en el Parlamento: el juez político, que busca inhabilitar a los funcionarios o ex funcionarios públicos, y el antejuicio, que es una autorización del Congreso que posibilita, a través de votos, ponerlo a disposición. de Justicia.
¿En qué se basa la acusación constitucional?
La acusación se basa en una demanda constitucional interpuesta el 12 de diciembre ante el Congreso por la procuradora de la nación, Patrícia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y concierto para delinquir. La denuncia interpuesta por el personal fiscal incluía a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, ex Ministro del Interior; y Roberto Sánchez, exministro de Comercio y Turismo.
El Ministerio Público investiga la probable responsabilidad de los exempleados en la intención de Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso.
Días antes de presentar este recurso de inconstitucionalidad ante el Congreso, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y concierto para delinquir. El expresidente acumula actualmente 18 meses de prisión preventiva por estos presuntos delitos y, en paralelo, 36 meses de prisión preventiva por hechos de corrupción cometidos durante el gobierno.
Durante las audiencias judiciales, tanto el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, como el propio exprocurador defendieron el caso.
“Niego total y categóricamente que yo soy el autor y soy parte de una red criminal, el único delito que ha cometido es servir a mi país como Presidente de la República”, dijo el expresidente.