(CNN Español) — La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica (FAPTA) acusó al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera de un delito de influencia contra la Hacienda Pública por el caso conocido como Bancrédito, entidad estatal que cerró en julio de 2017 tras 99 años de operación Solís Rivera gobernó Costa Rica de 2014 a 2018.
PT un mensaje en su cuenta de Twitter, Solís dijo que le sorprende la acusación, pero que la recibe con serenidad. Agregó que su gobierno siempre ha actuado conforme a derecho, “buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Banco y los derechos de sus trabajadores”.
“Vamos a demostrar que, gracias a nuestra actuación, logramos un pedido ordenado del banco que evitó una afectación total del sistema financiero nacional (…) interés”, agregó.
la acusación
La acusación también incluye a cuatro miembros del gabinete de Solís: Helio Fallas Venegas, exvicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, exministra de Egresos y Tesorera Nacional y Mauricio Arroyo Rivera, en su calidad de subtesorero nacional.
El exministro Alfaro Salas se defendió a través de un mensaje enviado por un representante del equipo de prensa de este gobierno.
“Asumo esta noticia con la tranquilidad de quien sabe que no ha delinquido, y nos estaremos presentando ante los tribunales para realizar la defensa pública correspondiente”, dijo.
CNN está tratando de obtener la reacción de los otros acusados.
Según la acusación de la Fiscalía, los impudos convinieron en transferir dinero del Tesoro Nacional a la Banca, “sin respaldo técnico y con bajísima posibilidad de devolución, con la intención de que la entidad bancaria pareciera tener un índice de ingresos suficiente”.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que, al parecer, la transferencia buscaba evitar que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenara la intervención del banco, debido a los graves problemas de liquidez que enfrentaba y, finalmente, evitar que la imagen del gobierno de Solís Rivera ha sido dañado. Según la Inspección, la actuación de los imputados resultó en una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
La Inspección informó a los jueces que la acusación fue presentada la semana pasada ante el Juez Penal de Hacienda e de la Función Pública. La oficina de prensa de la entidad le dijo a CNN que el siguiente paso es que el Juzgado Penal de Hacienda cite a las partes y se celebre una audiencia preliminar para determinar si el caso llegará a los tribunales.