(CNN Español) — Una fuente cercana al sistema judicial venezolano confirmó a CNN que en las últimas horas la Policía Nacional Anticorrupción detuvo a los funcionarios Joselit Ramírez Camacho, titular de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip); el Presidente del Circuito Judicial de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret; y el alcalde del municipio Las Tejerías, en el Estado Aragua, Pedro Hernández. Además, sin necesidad de nombres, informamos que otros funcionarios han sido detenidos.
CNN pretendía contactar a Ramírez Camacho, Cornieles Perret y Hernández, así como a su defensa, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Esto ocurre horas después de que se conociera un comunicado en el que la Policía Nacional Anticorrupción informó que había solicitado al Ministerio Público el encubrimiento de personas vinculadas al poder judicial, la industria petrolera y consejos municipales que luego se indicó en el escrito “podrían incurrir en graves golpes de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
También destacan que realizarán durante meses una investigación a fondo que, según se describe en el texto, “apunta a los ciudadanos que ejercen funciones en el poder judicial, en la industria petrolera y en algunos municipios del país”.
Recordamos que, en junio de 2020, Estados Unidos ofreció públicamente una recompensa de US$ 5 millones para facilitar la captura de Ramírez Camacho.
Tras la solicitud del Departamento de Justicia, Ramírez respondió a las solicitudes de presuntos capos de la droga, incluido el actual vicepresidente del Área Económica y ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. Ramírez está acusado por el Distrito de EE. UU. de evadir sanciones relacionadas con narcóticos y presuntamente lavar dinero en el ejercicio de cargos públicos en Venezuela.
El Aissami respondió en febrero de 2017 a través de una carta publicada en el diario estadounidense New York Times asegurando que se trataba de una acusación falsa y la corrigió ante las autoridades estadounidenses.
El gobierno venezolano reaccionó en junio de 2020 a través de un comunicado a las sanciones privadas contra Ramírez Camacho, rechazando lo que consideró una agresión y un acto de persecución contra el funcionario y cuestionando al presidente Donald Trump.