(CNN) — La Fiscalía pidió es el desafío del oficialista senador Gustavo Penadés, uno de los principales articuladores del gobierno en la parlamento uruguayo, a ser investigado por varias denuncias de abuso sexual a menores, dijo el locutor de Fiscalía, Javier Benech. Penadés ha negado públicamente las acusaciones.
La inspectora de Hacienda, Alicia Ghione, investiga desde hace dos meses el caso, que se inició tras declaraciones públicas de Romina Celeste Papasso, militante del oficialista Partido Nacional, al igual que Penadés. Continuó diciendo que el senador pagó por el cambio de sexo cuando tenía 13 años, hace 17 años. A partir de esta denuncia, al menos otros siete adolescentes y personas hoy ya adultas también denunciaron a Penadés ante la misma Fiscalía, a la que tomaron declaración, dijo el locutor.
El 25 de mayo de 2017 fue declarado senador, uno de los principales dirigentes oficiales del Senado uruguayo. Luego de declarar durante hora y media, Penadés dijo a la prensa: “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”. En marzo, tras la primera denuncia en su contra, Penadés había dado un mensaje a la prensa en el que negaba las acusaciones de explotación sexual.
Tanto el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como el presidente Luis Alberto Lacalle Pou le dieron su apoyo al senador. Heber señaló que apoyaba a su “amigo”. “Sigo apoyando y creyendo en la versión de mi amigo”, dijo a radio El Espectador. Algo similar declaró el presidente de Uruguay, en la calle de la prensa, el 11 de mayo. Declaro que conozco al senador desde hace 30 años y que “sería un mal amigo si no me creyera, no sería un amigo, no confiaría en mí”.
El vocero de la Fiscalía aclaró que el pedido de impugnación es para “profundizar la investigación” y no significa en sí mismo “una atribución de responsabilidad”. A partir de la solicitud de impugnación de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia debe enviar al Parlamento la solicitud de que necesita una prefectura especial de dos tercios para darle al legislador la protección legal y que se someta a la Justicia como cualquier ciudadano.