(CNN Español) — Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina generó un nuevo conflicto político entre el máximo tribunal, el gobierno del presidente Alberto Fernández y la oposición.
Los cuatro jueces de la Corte otorgaron una medida cautelar solicitada por la Ciudad de Buenos Aires, con la que dictaminaron que el Estado debe aumentar transitoriamente el porcentaje de impuestos coparticipables que envían a la capital del país para financiar a la Policía local. El Supremo aún tiene que pronunciarse sobre el fondo del conflicto: la constitucionalidad o no de una ley de diciembre de 2020 que queda de fondos de cofinanciación para la ciudad.
La decisión judicial dejó atrás el fracaso de varias audiencias de conciliación entre el Gobierno de la nación y la ciudad, realizadas por orden de la Corte Suprema.
La Fallo, firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, determinó que el gobierno de Fernández debe transferir a Buenos Aires el 2,95% de la masa tributaria coparticipable entre las provincias y la ciudad, en lugar del 1,4 % que ha recibido desde 2021.
“Le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos (unos US$ 1.000 millones al tipo de cambio oficial) adicionales a lo que ya entiende”, dijo el mandatario en un comunicado emitido este julio.
Fernández considera que se trata de “un cumplimiento inédito, incongruente e imposible”.
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“Creo de manera insólita que el traspaso de estos montos millonarios a la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: estos saldrían recursos del presupuesto nacional, que se instrumentan en políticas públicas, en todo el territorio nacional”, agregó, refiriéndose a las obras públicas que su gobierno financia con fondos propios en algunas provincias.
“En resumen, en una caída política, en pleno año electoral, la Corte Suprema pretende retener recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de Gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, imposible de cumplir, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el supuesto 2023 sin contemplar crédito presuntivo para tal fin”, dijo Fernández. El jefe de gobierno de Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los posibles candidatos presidenciales de la oposición.
Consultados por CNN, los voceros de la Corte declinaron pronunciarse sobre las declaraciones de Fernández.
En el mismo comunicado, que también llevaba las firmas de 14 de los 23 gobernadores (oficiales o aliados) del país, el mandatario anunció que rechazará (pedirá retirarse del caso) a los miembros de la Corte Suprema y también buscará la revocación de la decisión cautelar dictada.
“Se cumplen las fallas del Tribunal Supremo. Ante una caída del máximo tribunal, es posible interponer procesalmente un recurso de reposición ‘in extremis’, que es la herramienta jurídica a través de la cual el Gobierno nacional tendrá que argumentar por qué considera que la caída es irracional”, explicó a CNN Andrés Gil Domínguez, Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
“La Corte trasladará el recurso presentado por el gobierno nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que sus abogados respondan con su posición. Por tanto, si el Juzgado rechaza el recurso, el fallo de miércoles caerá en firme y deberá cumplir”, afirmó Gil Domínguez.
El máximo tribunal dictaminó en una sentencia de junio, entre otras cosas, que «las fallas y resoluciones del Tribunal no son, salvo casos excepcionales, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocación». Por ello, el recurso de reparación in extremis es la excepción cuando el incumplimiento implica «alegaciones de error esencial -material-, en que se hace ostensible el riesgo de consumación de una injusticia notoria».
“También es posible rechazar a los magistrados. Esto debe ser resuelto por el propio Tribunal Supremo antes de analizar el recurso interpuesto. Luego, los jueces de la Corte deciden si aceptan o no apartarse de la causa”, explicó.
“Si acepta la negativa, se sortean cinco jueces para ocupar sus lugares en el caso. El sorteo se lleva a cabo entre los presidentes de las cámaras federales de apelación del país, que se someten a una decisión sobre la apelación. Sin embargo, el Tribunal Supremo seguramente rechazará la denegatoria y el recurso de casación, por lo que se ejecutará la falla”, vaticina Gil Domínguez, con amplia experiencia en litigación ante la Corte.
Si el incumplimiento se mantiene firme y por tratarse de una medida cautelar, el Gobierno Nacional deberá transferir provisionalmente el 2,95% de la masa tributaria copagable a la Ciudad de Buenos Aires hasta que la Corte conozca el fondo del asunto y determine la constitucionalidad o no de la ley de diciembre de 2020.
Otros constitucionalistas cuestionan que la negativa de los jueces pueda darse luego de conocida la decisión adversa y que el gobierno no cumpla con la medida cautelar. El jurista Daniel Sabsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, dijo a CNN que “solo en Argentina existe alguna duda sobre el cumplimiento de una falla de la Corte. Porque de lo que se trata es de un claro incumplimiento de la Constitución. el control contramayoritario. Aquí lo que está ocurriendo es claramente desacato, claramente desobediencia, claramente incumplimiento de los deberes de un funcionario público, abuso de poder. dentro de la Constitución”.
La oposición criticó que la administración del presidente Alberto Fernández no aceptó el fracaso. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en un comunicado que la decisión del Gobierno nacional fue “contraria a la Constitución nacional”, aseguró que defenderá su posición ante la Corte y que denunciará a los funcionarios responsable del incumplimiento de la sentencia. Y la coalición opositora Juntos por el Cambio -a la que pertenece Larreta- expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por la desobediencia del gobierno en este caso.
el conflicto
El 5 de enero de 2016, a pocas semanas de la asunción de Mauricio Macri como presidente de Argentina, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional firmaron un convenio mediante el cual el gobierno nacional transfirió al gobierno capitalino las funciones de seguridad pública en materia sin federales
De esta forma, el jefe de gobierno bonaerense, Horacio Rodríguez Larreta, consumó un reclamo de autonomía que demoró varios años, gracias al apoyo de su aliado político en la Presidencia. Buenos Aires es autónomo del Estado Nacional y tiene su propio gobierno elegido por el pueblo de Buenos Aires con base en la Constitución Nacional de 1994, pero ambas jurisdicciones continúan debatiendo su alcance.
Mediante ese acuerdo, la nación aceptada transfiere a la capital “la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y prestaciones que se han visto afectados hasta este momento inclusive a la prestación de dicho servicio”, según consta en el expediente de antecedentes. en el fallo de la Corte. Gran parte de la Policía Federal Argentina (PFA) —que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación— que operaba en el territorio capitalino pasó a depender de la Ciudad, y se creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Como parte de la convención, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso por decreto aumentar el coeficiente de coparticipación de la Ciudad en la masa de impuestos recaudados en todo el país y que eran coparticipantes entre los 23 estados provinciales y la Ciudad. El entonces presidente Macri determinó que el gobierno capitalino, que desde 2003 había recibido el 1,4% de los impuestos recaudados, ahora recibiría el 3,75% (en 2017 se redujo al 3,5%).
Poco después, a través de otro decreto, Macri decidió que la diferencia entre el 1,4% y el 3,75% se utilizaría para financiar a la Policía de la Ciudad.
En diciembre de 2020, a un año de la asunción de Fernández, como muestra política de oposición a Rodríguez Larreta, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.606, mediante la cual restableció la porción coparticipativa de la Ciudad al 1,4% de la masa de impuestos recaudados y, adicionalmente, “el monto equivalente al costo operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que fue trasladado en el año 2016”, explicó el mandatario en su comunicado.
En respuesta, la Ciudad de Buenos Aires acudió a fines de 2020 a la Corte Suprema para solicitar que declarara su inconstitucionalidad, argumentando que “genera una disminución en los coparticipados fundos le corresponsal” y viola su autonomía constitucional.